La Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas, conocida como la Ley Crea y Crece, está dirigida a dinamizar el tejido productivo agilizando trámites y requisitos para crear empresas.

Con la entrada en vigor de la nueva ley es posible constituir una SL con un capital social de tan solo 1 euro, a diferencia del mínimo legal establecido hasta el momento, que era de 3.000 €. Favoreciendo el emprendimiento, y permitiendo a las empresas utilizar sus recursos económicos para otros fines.

Ahora bien, las empresas están obligadas a destinar el 20% de sus beneficios a la partida de Reserva Legal, hasta que sumada al capital social llegue a los 3.000 €.

Otro de los cambios importantes es que las empresas se podrán crear en menos de 10 días laborales de forma telemática mediante la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

Esto, reduce los plazos de creación del negocio y los costes notariales y registrales.

La ley Crea y Crece interpone una serie de normas e incentivos para que las empresas cumplan los plazos de pago y se consiga reducir la tasa de morosidad.

Amplia la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos, de esta forma garantizar un mejor seguimiento y control de pagos. 

Por otra parte, la ley Crea y Crece priva del derecho a recibir subvenciones públicas a las empresas que no cumplan con los plazos de pago marcados por la ley de Morosidad (concretamente 60 días después de la prestación de los servicios).

La ley Crea y Crece incorpora también medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como es el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

La ley Crea y Crece tiene como objetivo aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización incentivando el crecimiento empresarial de nuestro país, especialmente el de las pymes, que pasarán a ocupar un punto central en la política económica gracias a las nuevas medidas.

La ley estipula que, aprobado el reglamento acerca de la facturación electrónica, las pymes y los autónomos tendrán un plazo máximo de 2 años para implementarla. Mientras que las empresas con más de 8 millones de euros de facturación anual tendrán tan solo 1 año.

Teniendo en cuenta que este reglamento se halla actualmente sometido a consulta pública, se prevee que será en la segunda mitad de 2025, cuando se agote el plazo. 

Sin embargo, es recomendable iniciar la adaptación cuanto antes ya que no tenerla implementada puede suponer graves sanciones económicas.